Alexandra Torres, Coordinadora de Comunicaciones, Plataforma Global El Salvador
El año escolar está a punto de iniciar. Luego de los estrenos, panes con pollo y del famoso recalentado del 24 y 31 de diciembre, encontramos el Centro de San Salvador y los diferentes centros comerciales llenos de cuadernos, lápices, uniformes y una gran variedad de útiles escolares. Lo curioso es que, en muchos de los espacios informales de ventas, encontramos a niños y niñas de aproximadamente siete a diez años, ofreciendo los productos escolares desde tempranas horas de la mañana. La mayoría no tendrá la oportunidad de continuar el año escolar.
La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) afirma que en el año 2016 unos 131,904 niños, niñas y adolescentes de entre cinco y 17 años de edad trabajaban, algunos de ellos porque sus padres no contaban con suficientes ingresos para llevarlos a estudiar. Esto a pesar de que en los artículos 53 y 56 de la Constitución de la República de El Salvador se establece la educación como un derecho inherente de todos y todas.
El Presupuesto General de la Nación aprobado por la Asamblea Legislativa para el año 2019 es por un monto de $ 6,713.2 millones de dólares, de los cuales $997.2 millones serán destinados al ramo de Educación. Esto representa un incremento de $56.8 millones de dólares respecto al año 2018 ($940.4 millones dólares). ¿Será suficiente este aumento para garantizar educación para todos y todas?
El gasto en educación es diversificado, abarca desde los paquetes escolares, becas estudiantiles, los pagos a los docentes, el funcionamiento de los centros escolares, hasta la creación de organismos como el Centro Nacional de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades (CENICSH).
En los últimos años, el presupuesto del Gobierno Central se ha expandido, junto a las políticas públicas orientadas a la educación. Por ejemplo, para este año el Ministerio de Educación (MINED) informó que el paquete escolar tiene un costo de $5.05 para parvularia, $11.09 para primer ciclo, $11.47 para segundo ciclo y $13.57 para el tercer ciclo; mientras que para bachillerato, el paquete está valorado en $12.95. Este programa es relevante en dos sentidos: primero, porque fortalece la inclusión y permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo; y segundo, porque los proveedores de los paquetes son micro y pequeñas empresas que ven oportunidades de negocio en la producción y venta de uniformes, zapatos y útiles escolares.
Aunque en el presupuesto de Educación la formación docente y los programas sociales son importantes, también se debe de invertir en otras áreas; por ejemplo, en seguridad escolar y promoción de espacios de convivencia, ya que estos factores inciden directamente en la deserción escolar.
Si bien es cierto que en los últimos años ha habido avances en el tema de educación, no se debe dejar de lado que existe un gran porcentaje de niños, niñas y adolescentes que siguen sin ser matriculados en las escuelas, ya sea porque sus padres los obligan a trabajar, por factores asociados a la inseguridad ciudadana o porque algunos niños y niñas se ven en la situación de ser los únicos responsables para llevar el sustento diario a sus hogares.
La conservación, fomento y difusión del derecho universal a la educación es una obligación y finalidad primordial del Estado, según lo establece la Constitución de la República de El Salvador. Es este sentido la Política de Educación debe estar orientada a desarrollar la personalidad de niños, niñas y jóvenes como agentes de cambio que contribuyan a una sociedad más democrática, más próspera, y comprometida con la transformación de la realidad nacional.
Para ello, es necesario asegurar el correcto seguimiento del presupuesto asignado a la cartera de Educación, en lo referente a montos asignados, programas y tiempos. La participación ciudadana también es clave para garantizar transparencia y efectividad del gasto público. Finalmente, es vital la implementación de una visión a largo plazo, que conciba un sistema educativo moderno para El Salvador.
La educación no debería ser un privilegio, sino un derecho de todos los niños, niñas y jóvenes, sin importar su condición económica, sexo, raza u orientación sexual. Cada inicio de año escolar tenemos el compromiso como sociedad de reflexionar como garantizamos más inversión pública para nuestra niñez.
