1860
Según el autor Magno Tulio Sandoval, la legislación sobre las aguas en El Salvador comenzó a regularse a través del Código Civil, promulgado en 1860, año en el que el presidente era Gerardo Barrios.
En el artículo 576, el Código declaró como bienes nacionales a los ríos y aguas que corren por cauces naturales, exceptuando las que nacen y mueren en la misma heredad (porción de terreno cultivado que pertenece a un mismo dueño).
A partir de entonces comenzaron a surgir normativas que, directa o indirectamente, tenían o tienen todavía relación con la regulación y la gestión del agua.
1981
La Junta Revolucionaria de Gobierno decretó la Ley sobre Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en 1981. Esta apenas contenía seis artículos y le otorgaba la responsabilidad de la gestión integrada de los recursos hídricos al ya desaparecido Ministerio de Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y Social.
El reglamento de esta ley, publicado en 1982 y derogado en 1995, es el que habla por primera vez de una Ley General de Aguas en su artículo 3, literal 2a, en el que le atribuye al ministerio redactar el proyecto de Ley General de Aguas y presentarlo al Consejo de Ministros.
1993
En 1993, la firma Romero Pineda y Asociados entregó el proyecto de Código de Aguas bajo contrato con USAID. Tres años después, con Armando Calderón Sol como presidente de la República, la firma Rusconi-Váldez presentó un nuevo proyecto de Ley General de Aguas elaborado bajo contrato con ANDA; en 1997 ANDA contrató al consorcio Lypsa-Typsa para presentar una nueva propuesta; y, finalmente, OPTIMA, Inc., generó una nueva versión, según un artículo publicado en el año 2000 por Nelson Cuéllar, de PRISMA.
2006
Un año antes se crea el Foro del Agua e inicia la construcción participativa de la primera propuesta de Ley.
La primera propuesta de Ley General de Aguas es presentada a la Asamblea Legislativa.
2007
Presentación de propuesta de Ley del Sub sector de Agua Potable y Saneamieno.
2008
Presentación de propuesta de reforma del Art.69 de la Constitución.
2009
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) presenta propuesta de Política tarifaria.
Casos emblemáticos: Asesinatos de Marcelo Rivera, Dora Alicia Sorto y Ramiro Rivera(ADES). Lucha contra la Minería Metálica.
2010
Naciones Unidas reconoció explícitamente el Derecho Humano al agua y al saneamiento, rearmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.
2011
El Foro del Agua hace una actualización de la Ley General de Aguas (donde se hace un enfoque más aterrizado con el enfoque que de la ONU) y se presenta a la Asamblea Legislativa.
2012
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) presenta su propuesta de Ley General de Aguas. Inicia la discusión tomando como base las propuestas del Foro del Agua y del MARN.
La Asamblea Legislativa aprueba la reforma del Art.69 de la Constitución, que no ratifica la siguiente legislatura.
2013
Propuesta de Ley Integral de Recursos Hídricos, presentada por Asociación de Regantes de Atiocoyo, asesorados por Fundación Salvadoreña para el Desarrollo (FUSADES) y Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).
Caso emblemático: Rechazo comunitario a la ampliación de la Planta de la Empresa Coca Cola en el Municipio de Nejapa, lo que afectaría de manera grave el Acuífero de Nejapa.
2014
Se retoma la discusión con las dos propuestas anteriores, sin embargo, se vuelve a entrampar debido a la figura de ente rector.
2015
El Artículo 89 de la Ley de Medio Ambiente es declarado inconstitucional, El Salvador se vuelve el único país que no puede sancionar infractores ambientales.
Comienza la campaña ciudadana “Por mi Derecho al Agua”.
2015
Caso emblemático: Los defensores de las siete comunidades de Tacuba, en Ahuachapán, pertenecientes a la Asociación de Desarrollo Comunitario Bendición de Dios (ADESCOB) comienzan a enfrentar de manera más aguda, una serie de hostigamientos por su trabajo de defensa del sistema comunitario de agua potable. Todo originado por las intenciones del Alcalde Municipal de apropiarse del sistema. La PDDH dicta medidas de protección para los líderes de la ADESCOBD.
2016
Discusión de la Ley General de Agua se mantiene entrampada en la Asamblea Legislativa.
Visita del Sr. Léo Heller (Brasil) Relator Especial de la ONU sobre el Derecho Humano al agua potable y el saneamiento.
Casos emblemáticos: Campaña TieRRRa, después de casi 7 mil firmas, el MARN anunció oficialmente la retirada del proyecto de ampliación de la Planta de la Empresa Coca Cola en el Municipio de Nejapa.
2016
Surge un nuevo caso relacionado a la defensa de sistemas comunitarios de agua potable. La PDDH emite Medidas Cautelares a favor de líderes y lideresas de los sistemas de agua potable de La Libertad, que enfrentan la agudización de actos arbitrarios de difamación, amenazas y coacción del Alcalde del Puerto de La Libertad.
Denuncia ante PDDH interpuesta el 07 de enero y ampliada el 09 de marzo.
La mayoría de los/as implicados tuvieron que recurrir a la migración interna y externa por violencia.
2017
ARENA, GANA, PCN y PDC presentan la propuesta de “Ley Especial Integral del Agua” LIA.
“Propuesta de articulado sobre la Autoridad Hídrica”, presentada por la UCA.
Aprobación de Ley de prohibición de Minería Metálica en El Salvador.
2017
Caso emblemático: En julio por orden del fiscal auxiliar de Santa Ana, los líderes de ADESCOB son capturados obviando las medidas cautelares, les atribuyen los delitos de Hurto agravado, hurto de energía y fluidos y usurpación del inmueble. El 27 de julio, la defensa obtuvo medidas sustitutivas y los líderes de ADESCOB pueden llevar el proceso en libertad.
Ha sido un proceso judicial complejo, desgastante, con fundamentos surrealistas por parte de la Fiscalía y a la vez un proceso violentador de derechos que aún no finaliza, pues aún enfrentan aún un proceso abierto por hurto y hurto agravado que podría llevarlos a penas de prisión.
2018
La Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, decide retomar la discusión de la LGA, utilizando como base la propuesta de la Ley Integral de Agua LIA y descartó 92 artículos que habían sido aprobados de manera consensuada por la anterior legislatura.
Surge con mayor fuerza social la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua (que incluye nuevos sectores no tradicionales involucrados en la lucha).
2018
Caso emblemático: En octubre, el Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad, llevó a cabo la audiencia inicial en contra del alcalde de La Libertad acusado del delito de expresiones de violencia contra las mujeres. También se le imputan los delitos de actos arbitrarios, falsedad ideológica y atentado contra el derecho de la asociación de las juntas de agua rurales del municipio.
2019
Las marchas continuaron, sobre todo porque la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del periodo 2018-2021 tomó como base para el proyecto de ley de agua a la LIA.
La aprobación de los artículos sobre la integración de la junta directiva de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) generó rechazo unánime de diversos sectores, ya que su configuración fue interpretada como una forma de privatización del ente (una privatización de facto).
2019
Esto se debió a que la junta directiva estaría conformada por representantes del MARN, MAG, juntas de agua, Comures, UES, sector productivo industrial y sector productivo agropecuario. De estos: MAR, MAG y UES son de carácter público, frente a los otros cuatro actores privados. Organizaciones y expertos señalaron que las juntas de agua, aún si tienen fines comunitarios, no son públicas. A esto se suma que la UES estaba nombrada como representante de las universidades del país, no como instancia pública.
Ante las movilizaciones sociales, los diputados dejaron sin efecto los 15 artículos aprobados hasta entonces.
2021
La UCA, la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua y diversas iglesias elaboraron la Propuesta Ciudadana de Ley General de Aguas. Esta fue creada a partir de los anteproyectos anteriores (principalmente de la propuesta del MARN de 2012), así como de insumos recabados durante los diálogos que se mantuvieron, pero que no continuaron, con técnicos del MARN del gobierno de Nayib Bukele. La Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático retomó la discusión de la ley a partir de una matriz de cinco proyectos de ley y comenzó a aprobar los primeros artículos, por la COVID-19 la discusión se detuvo y fue retomada hasta agosto de 2020.
En ese año, el presidente Bukele creó la plaza de «Comisionado Presidencial para el Agua», que fue ocupada por el expresidente de ANDA, Frederick Benítez, a quien le fue delegada la creación de una nueva propuesta de Ley de Agua.
2021
La Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, periodo 2018 2021, continuó con la discusión y aprobación de artículos de la Ley General de Agua.
El 23 de marzo, los diputados acordaron crear la junta directiva de la Autoridad Nacional del Agua, eminentemente pública. Ese mismo día, por la noche, Bukele publicó en su cuenta de Twitter que rechaza cualquier esfuerzo de los diputados salientes sobre la Ley de Agua y agregó que vetaría la ley -si es que los diputados lograran aprobarla antes del inicio de la nueva legislatura dominada por el partido Nuevas Ideas-.
Hasta este martes 20 de abril, los diputados de la comisión ya habían aprobado 103 artículos de la ley, que será la herencia en el tema para los nuevos diputados. Dina Argueta, del FMLN, aseguró que van a dejarle aprobado a los diputados del periodo 2021-2024 “casi un 90%” de los artículos de la ley.
